Casi un centenar de organizaciones civiles se pronuncia contra medidas que debilitarían sector ambiental

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El vendaval de críticas a la propuesta de medidas económicas para la reactivación de la economía peruana presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, que en esencia menoscaba las atribuciones del ministerio del Ambiente en materia ambiental y desprotege en la realidad nuestros recursos naturales, sigue sin amainar. A las voces de protesta que se han escuchado en estos días, se suma ahora un pronunciamiento emitido por casi un centenar de organizaciones civiles en el que expresan el escaso compromiso del Gobierno peruano en materia ambiental y en lograr un modelo de desarrollo “sostenible, equitativo e inclusivo que contemple el proceso de Ordenamiento Territorial”, así como la definición de competencias ambientales entre niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a las inversiones y la implementación de la consulta previa. En su texto, las instituciones firmantes demandan a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los ministerios de Economía y Finanzas, Energía y Minas y del Ambiente que se pronuncien sobre el cuestionado paquete de medidas y que el Gobierno peruano y el Congreso de la República asuman una posición coherente respecto a una correcta política de gestión ambiental de las inversiones, así como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del Perú. El siguiente es el texto del Pronunciamiento:

Sociedad civil advierte que el debilitamiento de los estándares e institucionalidad ambiental pondrá en riesgo el medio ambiente y generará conflictos sociales

Las organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos y de la sociedad civil y de los gobiernos descentralizados firmantes, expresan su profundo rechazo ante la propuesta de “medidas económicas para la reactivación de la economía peruana”, presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, medidas que pretenden reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y para establecer zonas reservadas administradas por el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); y pretenden limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales; además de limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para la aprobación de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Las propuestas alcanzadas por el MEF, además de debilitar la capacidad sancionadora del aún joven OEFA, de reducir la capacidad normativa del MINAM, también se pretende reducir la capacidad de gestión para la creación de zonas reservadas (áreas protegidas de categoría transitoria). Este pretendido cambio normativo contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley 26821 (art. 13), la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley 26834 (art. 13), e incluso las propias obligaciones del Perú frente al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, al colocarse una restricción política como es la aprobación por el Consejo de Ministros.

Hemos perdido una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental, señalando sin sustento técnico que éstas son las reales causas del retraso económico o las que generan “desconfianza” en el sector empresarial. De acuerdo a distintos expertos nacionales y extranjeros, el mantener un Estado rentista y clientelista, y la falta de profundas reformas institucionales son, entre otras, las principales causas de la falta de “competitividad” de la economía peruana.

De acuerdo al seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos socio-ambientales, el Estado peruano ha sido cuestionado en su rol de promotor de las inversiones. Es por ello que la población local y los pueblos indígenas se han movilizado para criticar y exigir respeto a sus derechos, a decidir sobre las prioridades de su desarrollo, a su relación con la naturaleza.

El problema fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de voluntad política en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social de las inversiones, es decir, tanto para la evaluación ambiental, como para la supervisión de las obligaciones ambientales, que pasa por respetar la autonomía de la autoridad ambiental y continuar con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el OEFA.

Desafortunadamente, existe un reducido compromiso del Gobierno Peruano por impulsar un modelo de desarrollo sostenible equitativo e inclusivo que contemple el proceso de Ordenamiento Territorial, la definición de competencias ambientales entre niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a las inversiones, la implementación de la consulta previa y la titulación territorial para los pueblos indígenas, entre otras políticas. Este escenario se ve agravado por una campaña mediática y de opiniones del sector empresarial que muestran su poca capacidad por comprender que los problemas nacionales solamente se solucionarán logrando un debate abierto y trasparente sobre la gestión de los recursos naturales y bajo un enfoque de respeto a los derechos individuales y colectivos, y construyendo consensos en torno a acuerdos a largo plazo sobre nuestro modelo de sociedad, obligaciones establecidas bajo el modelo de gobernanza ambiental en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).

Estos intentos por seguir debilitando el proceso de reformas del sector ambiental atentan contra el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y demuestran una vez más el errático compromiso que tiene este gobierno frente a la Agenda de Cambio Climático, peor aún como país anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre.

En tal sentido, demandamos que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio del Ambiente se pronuncien y que el Gobierno peruano y el Congreso de la República asuman una posición coherente frente a la conservación de la diversidad biológica y una correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones, así como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del Perú, mediante un debate amplio que involucre no solo a medios de comunicación o sector empresarial, sino a toda la sociedad civil y las comunidades campesinas y nativas, principales afectadas por estas medidas.

Firmantes:

Alianza Arkana
Amazon Watch
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
Ambiente y Sociedad
Asociación Ambientalista Mayu Sumaj
Asociación Arariwa
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA
Asociación Paz y Esperanza
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Asociación Proyecto Amigo - La Libertad
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
Central Asháninka del Río Ene (CARE)
Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC)
Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)
Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Centro de Investigación Social y Educación Popular ALTERNATIVA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina "Lulay"
Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH)
Centro Humboldt de Nicaragua
Centro LABOR
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
Centro Proceso Social Asesoría Legal
Climate Action Network South Asia (CAN – South Asia)
Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur 11.11.11
Colectivo Tarpuy Mita
Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú
Colegio de Biólogos del Perú
Colegio de Biólogos del Perú – Consejo Regional X Loreto
Confederación Campesina del Perú (CCP)
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Confederación Nacional Agraria (CNA)
Confederación Sindical de las Américas – CSA
Confederación Sindical Internacional – CSI
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
Construyendo Puentes – Redes Latinoamericanas
CooperAcción
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Ecologia e Ação (ECOA)
Environmental Investigation Agency (EIA)
Equipo de Derecho Ambiental (EDERA)
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP)
Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP)
Foro Ecológico del Perú
Fórum Solidaridad Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC)
Grupo Nacional de Presupuesto (GNPP)
Grupo Perú COP 20
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Instituto de Desarrollo Urbano
Instituto del Bien Común (IBC)
International River - IR
Marcha Mundial de las Mujeres – Perú
Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCCIC)
Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
Organización Regional de Pueblos de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN – P)
OXFAM Perú
Plataforma de Ordenamiento Territorial
Programa Democracia y Transformación Global (PDTG)
ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE)
Red Muqui – Red de Propuesta y Acción
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Red Uniendo Manos Perú
REDAD - Red Agua, Desarrollo y Democracia - Piura
Redes Latinoamericanas frente al Cambio Climático
Secretario General de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)
Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
Taller de Derecho Ambiental “José Antonio Bonifaz Moreno”
Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA – Perú)

Alberto Chirif
David Hill
Denisse Chávez
Fernando Regal
Frederica Barclay
Giussepe Gagliardi-Urrutia
Henry Pease
Jaime Borda
Javier Torres
Joel Jurado
José De Echave
José Serra
Juan Aste
Mabel Sarco
Manuel Glave
Marc J. Dourojeanni
Marco Huaco
Martin Scurrah
Nelson Manrique
Paola Naccarato
Rosario Linares
Verónika Mendoza – Congresista de la República del Perú

Fuente: NOTICIAS SER